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Normas A.P.A.







Londoño Berrío, H., (2010), Sala de Casación Penal, Corte Suprema de

Justicia, sentencia de 18 noviembre 2008, radicado: Nº 29183. Los avatares

de la «dosis personal»: de derecho constitucional a «crimencito». [Versión

electrónica] consultado día- mes- año:

[http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho_ penal/cuadernos-de-derecho-

penal/cdp2/ los-avatares-dosis-personal-londono-berrio-dp2.pdf] , Cuadernos

de Derecho Penal No. 2, Pág. 129.



Normas Icontec





LONDOÑO BERRÍO, Hernando. Sala de Casación Penal, Corte Suprema de

Justicia, sentencia de 18 noviembre 2008, radicado: Nº 29183. Los avatares

de la «dosis personal»: de derecho constitucional a «crimencito». En

Cuadernos de Derecho Penal [En línea]. No. 2 (2010). [ Acceso: Día-mes-

año] Disponible en:

http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho_penal/ cuadernos-de-derecho-

penal/cdp2/ los-avatares-dosis-personal-londono-berrio-dp2.pdf

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LOS AVATARES DE LA “DOSIS PERSONAL”: DE DERECHO
CONSTITUCIONAL A “CRIMENCITO”

heRnando león londoño BeRRío

“Los discursos, al igual que los silencios, no están de una vez por
todas sometidos al poder o levantados contra él. Hay que admitir
un juego complejo e inestable donde el discurso puede, a la vez,
ser instrumento y efecto de poder, pero también obstáculo, tope,
punto de resistencia y de estrategia opuesta. El discurso transporta y
produce poder; lo refuerza pero también lo mina, lo expone y lo torna
frágil y permite detenerlo. Del mismo modo, el silencio y el secreto,
abrigan el poder, anclan sus prohibiciones: pero también aflojan sus
apresamientos y negocian tolerancias más o menos oscuras”.

Michel foucault1

La posesión de 9,9 gramos de marihuana por encima del límite legal señalado
para la dosis personal, destinados al consumo habitual de quien no ejecuta
actividades de distribución o venta del alucinógeno, no afecta los bienes
jurídicos tutelados con el tipo penal del art. 376 (salud pública, seguridad
pública, orden económico y social). La posesión de alucinógeno que se le imputa
al agente, no tiene incidencia sobre derechos ajenos, individuales o colectivos o,
lo que es igual, carece de trascendencia penal, sin que resulte válido su ejercicio
so pretexto de proteger, a través del castigo, la propia salud del procesado adicto
al consumo de marihuana, pues es un tema que sólo corresponde decidir a él en
forma autónoma por ser el único rector de su propia vida.
En conclusión, si en ejercicio de sus personales e íntimos derechos el
acusado no afectó los ajenos, entonces no alteró efectivamente ningún

* Profesor de la Universidad de Antioquia, Profesor de la Especialización en Derecho
Penal , Universidad Sergio Arboleda. Candidato a Doctor en Derechos Humanos y
Desarrollo, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España).
1 foucault, La historia de la sexualidad, Tomo I, págs. 122-123.

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mascarada para legitimar ante el país la obsesión punitiva respecto
de las drogas que el sistema ha ilegalizado.

Además, el estigma que se pretende reforzar al criminalizar el uso
de las sustancias “ilegales”, es funcional al proceso de legitimación
de las drogas legales, que constituyen un lucrativo negocio para
poderosos grupos económicos, incluso multinacionales41 y, al
mismo Estado, en el caso del alcohol42. No sobra, entonces, recordar
lo que hace varias décadas expresó Michel foucault, sobre el fin
de los castigos, con lo cual el problema no sería tanto suprimir
los ilegalismos sino administrarlos, institucionalizando un trato
diferenciado para los mismos, según su “economía” general:

[..] la prisión, y de una manera general los castigos, no están destinados a
suprimir las infracciones; sino más bien a distinguirlas, a distribuirlas, a
utilizarlas; que tienden no tanto a volver dóciles a quienes están dispuestos a
transgredir las leyes, sino que tienden a organizar la trasgresión de las leyes
en una táctica general de sometimientos. La penalidad sería entonces una
manera de administrar los ilegalismos, de trazar límites de tolerancia, de dar
cierto campo de libertad a algunos, y hacer presión sobre otros, de excluir
a una parte y hacer útil a otra; de neutralizar a éstos, de sacar provecho
de aquellos. En suma, la penalidad no “reprimiría” pura y simplemente
los ilegalismos; los “diferenciaría”, aseguraría su “economía” general. Y
si se puede hablar de una justicia de clase no es sólo porque la ley misma
o la manera de aplicarla sirvan los intereses de una clase, es porque toda
la gestión diferencial de los ilegalismos por la mediación de la penalidad
forma parte de esos mecanismos de dominación. Hay que reintegrar los
castigos legales a su lugar dentro de una estrategia legal de los ilegalismos43.


En iguales términos lo hace thoMas szasz, cuando refiere que un
derecho penal, que se identifica con la dinámica bélica, comienza
por definir los amigos y enemigos, para correlativamente legitimar
la conducta de los primeros, y estigmatizar y degradar la de los
“otros”:

41 Véase el magistral estudio de sandoval Huertas, pionero en Colombia sobre el tema, “El
“Dumping” de productos farmacéuticos”, en Derecho Penal y Criminología, págs. 275-300.
Véase, también: saavedra rojas, “Fármacos y estupefacientes: Política y moral”, págs. 61-
117; del olmo, “Drogas: Distorsiones y realidades”, en Revista Nueva Sociedad, Nº 102,
págs. 81-93; de la misma, ¿Prohibir o domesticar? Políticas de drogas en América Latina,
Cara cas, Nueva Sociedad, 1992.
42 Véase londoño BeRRío, “La problemática de la droga en Colombia”, en Nuevo Foro
Penal, Nº 47, págs. 7-44.
43 foucault, Vigilar y Castigar, págs. 277-278.

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Al igual que la guerra contra la herejía, era una guerra por la fe ‘verdadera’,
la guerra contra la el abuso de drogas es en realidad una guerra por el ‘fiel’
consumo de drogas: oculta tras la guerra contra la marihuana y la heroína está
la guerra a favor del tabaco y el alcohol; y, en general, oculta tras la guerra
contra el uso de drogas censuradas política y médicamente, está la guerra
favorable al uso de las drogas aprobadas política y médicamente44.

La segunda razón para cuestionar el argumento según el cual
el problema del consumo de drogas “ilegales” es de valores, es
que olvida como muchos grupos sociales, culturales, étnicos o
generacionales, privilegian algunas sustancias como expresión
espiritual, lúdica, recreativa e incluso evasiva, y, además, puede
acontecer que a otros grupos o generaciones les resulten intolerantes,
lo cual no legitima a estos últimos, ni siquiera cuando son mayoría, a
degradar, estigmatizar y mucho menos a criminalizar a los otros, por
cuanto con ello se haría tabula rasa con el pluralismo étnico y cultural.

Es pertinente, respecto de este problema, traer al debate a uno de los
clásicos del liberalismo, el filósofo inglés John stuaRt Mill, cuando
confronta de manera radical la legitimidad ética y política de las
mayorías, para regular la conducta humana cuyas consecuencias
tienen exclusiva repercusión en las personas que las realizan:

Pero el argumento más fuerte contra la intervención del público en la
conducta personal es que, cuando él interviene, lo hace inadecuadamente
y fuera de lugar […] la opinión de una tal mayoría impuesta como ley a
la minoría, cuando se trata de la conducta personal, lo mismo puede ser
errónea que justa; pues en tales casos, “opinión pública” significa, lo más,
la opinión de unos cuantos sobre lo que es bueno o malo para otros; y, muy
a menudo, ni siquiera eso significa, pasando el público con la más perfecta
indiferencia por encima del placer o la conveniencia de aquellos cuya
conducta censura, no atendiendo más que a su exclusiva inclinación. Existen
muchas personas que consideran como una ofensa cualquier conducta
que no les place, teniéndola por un ultraje a sus sentimientos; como aquel
fanático que, acusado de tratar con demasiado desprecio los sentimientos
religiosos de los demás, respondía que eran ellos los que trataban los suyos
con desprecio al persistir en sus abominables creencias45.

44 szasz, Droga y ritual, pág. 234. Sobre la discriminación entre drogas, como asunto atra-
vesado por relaciones de poder en el contexto internacional, véase: díez ripollés, Estudios
Penales, Vol. 3, págs. 790-791, donde el autor concluye que, “La cuestionable distinción entre
drogas legales e ilegales ha pasado a convertirse en una nueva forma de opresión cultural y
económica de los países poderosos: Se obliga a reprimir el tráfico y consumo de drogas conna-
turales a ciertas culturas ajenas a la occidental mientras se fomenta el consumo de las drogas
propias de esta última”. El reciente debate suscitado con motivo del hallazgo de cocaína en
la bebida energizante Red Bull, que los productores califican de “coca descocainizada”, es
ilustrativo del tema. Véase, Guevara, “¿Por qué la coca de mi Red Bull sí es legal?”.
45 stuaRt Mill, Sobre la libertad, pág. 96.

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Sentencias de la Corte Constitucional referenciadas

C-221 de 1994, Magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz. Salvamentos de
voto de los magistrados: José Gregorio Hernández Galindo, Hernando
Herrera Vergara, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa.

C- 551 de 2003, Magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.

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C-101 de 2004, Magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño.

C-879 de 2008, Magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.

T-696 de 2001, Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.

T-684 de 2002, Magistrado ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.

T-814 de 2008, Magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.

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