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La  Constitución  de  Cádiz  y  e l   l iberal ismo  español  del  siglo  XIX  


La Constitución de Cádiz
y el liberalismo español del siglo XIX

Joaquin Varela Suanzes 

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Pero  lo que ahora  interesa subrayar es que, por paradójico que ello resulte,  la 
influencia de este historicismo nacionalista,  si bien acercaba aparentemente  la 
argumentación del  liberalismo español a  la del  inglés de 1688,  en  el  fondo  le 
aproximaba más al francés de 1789, al menos en lo que concierne a la inserción 
del poder  ejecutivo  en  la  estructura del Estado  constitucional. El  recelo hacia 
este poder  ‐un  recelo  tan  fuerte en  las Cortes de Cádiz  como en  la Asamblea 
Constituyente de 1791‐ venía  inducido, en efecto, además de por  la  ideología 
revolucionaria  de  carácter  foráneo,  por  este  nacionalismo  historicista  y 
medievalizante,  de  tanto  peso  en  nuestro  germinal  liberalismo.  Un 
nacionalismo  que  tendía  a  encumbrar  el  papel  de  las  viejas  Cortes  en  la 
«Monarquía gótica» y a denostar los largos años de «despotismo ministerial» de 
Austrias y Borbones.  
 
Martínez Marina, el más importante exponente intelectual de este nacionalismo 
y  en  quien  la  influencia  del  jesuita  Mariana  y  la  de  los  autores  más 
«democráticos» de la Neoescolástica española ‐como Roa Dávila y Antúnez de 
Portugal‐ se amalgamaba con la de Rousseau y Siéyes y la propia Constitución 
de Cádiz, expresaría su desconfianza hacia el Rey, e incluso hacia la Monarquía 
misma, en su Teoría de las Cortes. Marina llega a vaticinar que los futuros reyes 
serían los primeros en asediar a las Cortes en el nuevo sistema constitucional y 
«sus  esfuerzos  y  maniobras  terribles  y  formidables»,  tal  como,  a  su  juicio, 
habían  hecho  sus  predecesores  «en  todos  los  tiempos  y  en  semejantes 
ocasiones». Y es que para Marina, la Monarquía «envolvía natural tendencia al 
despotismo»  y  caminaba  «sin  cesar  con  pasos  más  o  menos  rápidos,  ya 
abiertamente, ya por vías  indirectas y sendas  tortuosas, al gobierno absoluto», 
Teoría  de  las  Cortes,  en  Obras  escogidas  de  F. Martínez Marina,  B.  A.  E., 
Madrid. 1966,  II, p. 57. Opiniones que no deben  confundirnos: Marina no era 
partidario  de  la  República.  Era  sencillamente  un monárquico  receloso  de  la 
Monarquía. Algo muy frecuente en los liberales de la época. 
 
IV. Conclusión

En resumen, si en  las Cortes de Cádiz el modelo constitucional de  los Estados 
Unidos  de  América  no  interesaba  ni  a  liberales  ni  a  realistas,  debido  a  su 
carácter  republicano y  federal, el  triunfo del modelo constitucional  francés de 
1791  sobre  el  inglés  que  había  ido  articulándose  a  partir  de  1688  obedecía  a 
causas de muy diversa índole. En primer lugar, el modelo constitucional inglés, 
mucho más difícil de conocer que el francés, era defectuosamente interpretado 
en  la  España  de  entonces. No  se  realzaba  tanto  la  parlamentarización  de  su 
Monarquía como los robustos poderes del Monarca. 
 

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Pero, además, y sobre todo, mientras la evolución de la Monarquía inglesa
había transcurrido por unos derroteros muy distintos a los de la española, entre
ésta y la francesa existía un indudable paralelismo desde comienzos del siglo
XVIII. Un factor que unido al influjo notable del pensamiento francés sobre el
español mucho más patente, desde luego, que el que sobre este último había
ejercido el inglés permite explicar una no pequeña coincidencia de
sentimientos y objetivos entre el liberalismo doceañista y el francés de 1791.
Entre ellos destaca, sin duda, el recelo hacia el poder ejecutivo. Un recelo que no
sólo era fruto de la ascendencia de Rousseau o Siéyes sobre los liberales
españoles, sino también del considerable desprestigio de la Monarquía española
durante el reinado de Carlos IV.
A ello hay que añadir, en tercer término, el radicalismo populista que provoca
la invasión francesa, muy favorable a hacer de las Cortes, y no del Rey, por otra
parte ausente, el centro del nuevo Estado, como en Francia había ocurrido antes
con la Asamblea Nacional.
Pese a todo, como se ha visto, eran innegables las diferencias entre el
liberalismo francés de 1791 y el español de 1812, como innegables resultaban
también las diferencias entre los códigos constitucionales elaborados en estas
fechas a uno y otro lado de los Pirineos.

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En la segunda parte, Flórez Estrada comparaba el papel de España durante la
época de la guerra de la Independencia con el de los años inmediatamente
posteriores al restablecimiento de la Monarquía absoluta. Frente a la España
gloriosa de las Cortes, respetada y admirada por todas las naciones europeas, el
liberal asturiano ponía de relieve el triste y secundario papel que España había
venido a desempeñar en el concierto internacional tras la restauración del
absolutismo: despreciada por Inglaterra y Francia, preterida por la Santa
Alianza y sin peso alguno para contener o encauzar la emancipación de sus
vastas posesiones americanas. En la marcha de los asuntos internos, cotejaba
Flórez Estrada el ambiente, pletórico de libertad y de dinamismo cultural, que
existía en la España de las Cortes con la represión y la mordaza que el Gobierno
y la Iglesia habían impuesto en la España Fernandina para ahogar cualquier
atisbo de libertad. Es en estas páginas en donde con mayor nitidez se
manifiestan la fuerza y la lucidez con las que el autor de la «Representación» se
enfrentaba al despotismo de Fernando VII, teniendo como guía dos grandes
sentimientos: la pasión por la libertad y el patriotismo, que habrían de animar a
lo mejor de nuestro liberalismo y que Flórez Estrada encarnó de manera
ejemplar en el siglo pasado.

La segunda parte de esta obra concluía con un diagnóstico y un vaticinio: los
intentos de Mina, Porlier, Richard, Renovales y Lacy de acabar por la fuerza con
el absolutismo fernandino, aunque fallidos, eran fruto de un indudable malestar
entre la opinión pública, que no se había disipado, de modo que sin tardanza
habría de ocurrir de manera ineluctable un nuevo levantamiento, coronado esta
vez con el éxito. Y ello, «a pesar de ser los españoles tal vez de todos los pueblos
de Europa los más adictos a sus reyes, pues la historia no ofrece el ejemplo de
un solo rey decapitado o depuesto por la nación, ni asesinado por alguno de sus
súbditos, ni de levantamiento de los pueblos directamente contra la persona del
Monarca»20.

Ante este futuro tan incierto para la Monarquía española, Flórez Estrada, en la
tercera y última parte de su Representación, solicita á Fernando VII que adopte
de forma inmediata un conjunto de medidas, destinadas a restablecer la libertad
y el prestigio de España y a evitar «la ruina» de la institución monárquica y de
la persona misma del Rey. Una persona que el liberal asturiano no cuestiona en
este escrito, pese a la dureza con que lo redacta, con lo cual en la Representación
se sigue manifestando, siquiera de forma residual, una actitud política propia
del Antiguo Régimen español, pronta a censurar, incluso con crudeza, a los
«validos» o «Ministros», al «despotismo ministerial», en definitiva, pero
dispuesta también enseguida a exculpar al Monarca, considerándolo, al menos
pro forma, ajeno a la marcha política del país. Una actitud que se resumía en la
expresiva frase: «viva el Rey y muera el mal gobierno»21 .

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Entre las medidas que proponía Flórez Estrada a Fernando VII para recuperar
la libertad y el prestigio de la Monarquía española, es preciso destacar, para
concluir este trabajo, su reivindicación del bicameralismo, pues anunciaba un
giro conservador en la orientación del liberalismo español incluso del más
exaltado, representado por Flórez Estrada , que se extendería durante el
Trienio22. Para el liberal español, en efecto, era necesario «convocar
inmediatamente las Cortes o representantes de la Nación, elegidos (por ahora)
con arreglo en lo prevenido en las últimas, sin perjuicio de que en lo sucesivo se
nombre una Cámara Alta, compuesto de grandes Nobles y Alto Clero, elegidos
temporalmente o perpetuamente por V. M., pero cuya institución se determine
por leyes fundamentales».

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